Estado Social de Derecho

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Estado social es un concepto propio de la ideología o bagaje cultural político alemán (Sozialstaat y "Sozialrechtsstaat" respectivamente). El concepto se remonta a la formación del Estado alemán y, pasando a través de una serie de transformaciones, en la actualidad forma las bases político-ideológicas del sistema de economía social de mercado. En términos más recientes, incorpora a su propia denominación el concepto de Estado de derecho, dando lugar a la expresión Estado social de derecho,[1][2][3][4][5] y también, además, el concepto de Estado democrático, dando lugar a la expresión Estado social y democrático de derecho.[6]

El Estado social es un sistema que se propone de fortalecer servicios y garantizar derechos considerados esenciales para mantener el nivel de vida necesario para participar como miembro pleno en la sociedad.

Provee la integración de las clases sociales menos favorecidas, evitando la exclusión y la marginación, de compensación de las desigualdades, de redistribución de la renta a través de los impuestos y el gasto público. Utiliza instrumentos como los sistemas de educación y sanidad (en mayor o menor grado públicos o controlados por el estado, obligatorios o universales y gratuitos o subvencionados), financiados con cotizaciones sociales. Se tiende a la intervención en el mercado y la planificación de la economía, todo ello en contra de los principios del liberalismo clásico.

Estado Social de Derecho en Colombia

El artículo 1° de la Constitución Política, consagra que Colombia es un Estado Social de Derecho, donde se señalan como cimientos, la protección de los derechos fundamentales, el respeto a la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad y la prevalencia del interés general.

El Estado Social de Derecho, se debe a las trasformaciones históricas que ha tenido la humanidad en los últimos siglos, ya que el nace como reacción al positivismo, al fascismo, el nazismo y al colectivismo que surgieron en Europa a partir de 1920. En el particular caso colombiano, antes de 1991, se definía como un Estado de Derecho, que atendía exclusivamente un concepto formal de igualdad y libertad, marcando la diferencia con el Estado Social de Derecho, toda vez que en éste último, la igualdad es material y por ende, determinante como principio fundamental que guía las tareas del Estado, es decir, sus políticas, con el fin de corregir las desigualdades existentes, promover la inclusión y la participación, garantizando a las personas, individualmente consideradas o en grupos, que se hallen en situación de desventaja, el goce efectivo de sus derechos fundamentales.

De la aplicación, de la noción de Estado Social de Derecho, podemos dilucidar que, se da en un sentido meramente formal, ya que la mayoría de las instituciones públicas, violan o desconocen los preceptos referidos en la Carta Magna de 1991, refiriéndonos, principalmente, a los derechos y facultades que otorga a la población en general.

Como ejemplo, el desequilibrio social al cual se ven sometidos todos los colombianos, desde la cotidianidad de su vida diaria, en aspectos tan elementales pero de gran importancia, incluso para la supervivencia y la vida digna, como la alimentación, el empleo, la educación, la salud, entre otros; y donde el poder central del Estado Colombiano es inoperante para resolver todos estos problemas, no pudiendo garantizar a la nación, el mínimo vital que tanto pregona.

Asimismo, existe la Corte Constitucional, guardiana de la Carta Política, que cobra mayor énfasis en lo pertinente al problema de la salud, la educación, el empleo, la vivienda propia, la alimentación, entre otros.

En este orden de ideas, según el concept, el Estado debe ser un suministrador de bienes y servicios que satisfaga las necesidades primarias de toda la población, a través de su administración, donde el Estado Social de Derecho juegue un papel fundamental y se diferencie con las Construcciones Neoliberales que proliferan en la actualidad.

Como se puede apreciar, para que el Estado Social de Derecho sea una realidad, esto es, aplicación en sentido material, debe cumplirse a cabalidad lo anteriormente expuesto, y de éste modo poder predicar con certeza absoluta, el principio de eficacia de la constitución del 1991 y no se siga quedando en una compilación de enunciados que enmarcan un sueño inalcanzable y que en algún momento alguien plasmó en un documento al cual llamó " CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA", y la dejó a dormir el sueño de los justos, sin mayor operancia que la conveniente a ciertos sectores de la población, irónicamente el más favorecido.

Notas

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