Grupo Armado Pos-desmovilización

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Un Grupo Armado Pos-desmovilización (GAPD) es un grupo armado ilegal que emergió después del proceso de desmovilización del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y de otros grupos paramilitares más pequeños en el periodo 2003-2006. Este proceso, manejado por el MAPP-OEA durante la administración del Presidente Álvaro Uribe en Colombia, terminó siendo criticado por lo que personas a nivel de mandos medios reaparecieron siendo miembros de nuevos grupos. Es punto de debate si estos grupos sean actores armados no estatales parte del conflicto armado en Colombia, y este debate gira principalmente alrededor del tamaño de los grupos y sus cadenas de mando. El grupo más grande en el 2013 de este tipo era "Los Urabeños", pero existen docenas de grupos más pequeños que se menciona con la misma denominación. Varias entidades, incluyendo el Ministerio de Defensa refiere a la mayoría de estos grupos como BACRIM.

Impactos observados

Según Human Rights Watch, el proceso de desmovilización de las AUC no logró desarticular muchos grupos paramilitares, y muchas de las tierras acumuladas quedaron en manos de testaferros de paramilitares —que ocupan y ocultan bienes de las AUC—, paramilitares desmovilizados, terratenientes, ganaderos y otros terceros. Según dice esta ONG, hay importantes razones para creer que algunas de estas personas mantienen vínculos con grupos sucesores de los paramilitares. Un funcionario de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional, por ejemplo, manifestó a Human Rights Watch que en Urabá, Córdoba, Sucre y en las regiones de los Llanos Orientales, algunos productores ganaderos apoyan a GAPD. En este mismo sentido, el entonces director de la Policía Nacional Oscar Naranjo señaló al periódico El Tiempo, en febrero de 2012, que la fuerza de los Urabeños "radica en que hay sectores que quieren mantener esa figura intimidante, para proteger intereses mafiosos". La misma nota señalaba que:

   Informes en manos de autoridades señalan que, como ocurrió en los 90 con bloques paramilitares... hay ganaderos, comerciantes, políticos, integrantes de la Fuerza Pública y empresarios interesados en patrocinar la violencia de "los Urabeños". El Tiempo conoció un reporte de inteligencia que documenta cómo los sectores de los que habla [el general] Naranjo buscan aprovechar a la banda [de los Urabeños] para boicotear la restitución de tierras a víctimas de la violencia. Incluso han financiado la impresión y la distribución de panfletos amenazantes.[1]

Del mismo modo, Eduardo Pizarro, ex director de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) establecida por la ley de Justicia y Paz sobre desmovilización paramilitar, manifestó en relación con la violencia contra reclamantes de tierras:

   Es posible que regionalmente subsistan vínculos entre agentes del Estado y empresarios, políticos y bandas... [Las Bacrim] son instrumentos de las élites regionales criminales para impedir que las víctimas luchen por la restitución de las tierras.[2]

No obstante, de ningún modo es posible afirmar que en todos los casos existan lazos entre los terceros responsables de las amenazas y paramilitares o sus grupos sucesores.

Referencias

Enlaces Externas